Creo que la llamada Ley de Memoria Histórica tiene la suficiente gravedad como para emprender acciones resueltas contra ella, extendiendo al máximo la información sobre algunas cuestiones clave de nuestro pasado. Es una labor de vasto alcance, en la que debemos participar todos los españoles amantes de la libertad. Propongo este breve manifiesto, para empezar:
Diversos políticos, generalmente poco ilustrados, intentan imponer una determinada visión de nuestro pasado mediante la llamada Ley de Memoria Histórica. Este acto, por sí mismo, es contrario a la democracia y a la cultura.
Contra lo que pretende dicha ley, está hoy plenamente documentado el carácter antidemocrático del Frente Popular. Dicho Frente se compuso, de hecho o de derecho, de agrupaciones marxistas radicales, estalinistas, anarquistas, racistas sabinianas, golpistas republicanas y nacionalistas catalanas, todas ellas ajenas a cualquier programa de libertades políticas.
Asimismo está acreditado que los componentes de dicho Frente, ya antes de haberse constituido este de modo formal, organizaron el asalto a la república en octubre de 1934, con propósito textual de guerra civil, o colaboraron en dicho asalto, fracasando tras dejar 1.400 muertos en 26 provincias. Después, tras las anómalas elecciones de febrero de 1936, demolieron sistemáticamente la legalidad, la separación de poderes y el derecho a la propiedad y a la vida, creando un proceso revolucionario que culminó en el intento de asesinar a los líderes de la oposición y en el asesinato efectivo de uno de ellos. Esa destrucción de la legalidad republicana, y con ella de sus elementos democráticos, hundió las bases de la convivencia nacional y causó la guerra y las consiguientes atrocidades en los dos bandos.
La perversión ética y legal de la llamada Ley de Memoria Histórica se manifiesta en otro agravio intolerable a la sociedad, al presentar en un mismo plano, como "víctimas de la dictadura", a inocentes, cuyo paradigma podría ser Besteiro, y a los sádicos asesinos y ladrones de las checas, cuyo modelo podría ser García Atadell. Con esto la ley denigra a los inocentes y pretende que la sociedad recuerde y venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia. También presenta como campeones de la libertad a los comunistas que en los años 40 intentaron reavivar la guerra civil. Difícilmente cabe concebir injurias mayores a la ética, la memoria y la dignidad de nuestra sociedad actual.
La falsificación del pasado envenena el presente. Con toda evidencia nos hallamos ante un deliberado falseamiento de nuestra historia, agravado por la pretensión de imponerlo por ley, un abuso de poder que recuerda, inevitable y precisamente, a aquel infausto Frente Popular. La sociedad no puede aceptarlo sin envilecerse: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir lo peor de ella.
Firmantes del manifiesto
Pío Moa (historiador), César Alonso de los Ríos (ensayista), Federico Jiménez Losantos (ensayista y periodista), José María Marco (historiador), Adolfo Prego (magistrado del Tribunal Supremo), Milagrosa Romero Samper (historiadora), Pedro Schwartz (catedrático Universidad), José Luis Orella (historiador), Ricardo de la Cierva (historiador), Jesús Palacios (historiador), Juan Carlos Girauta (ensayista), Sebastián Urbina (profesor de Filosofía del Derecho), César Vidal (historiador), Eugenio Togores (historiador), José Vilas Nogueira (catedrático Universidad y escritor), y 7.640 firmas de fascistas más.
Diversos políticos, generalmente poco ilustrados, intentan imponer una determinada visión de nuestro pasado mediante la llamada Ley de Memoria Histórica. Este acto, por sí mismo, es contrario a la democracia y a la cultura.
Contra lo que pretende dicha ley, está hoy plenamente documentado el carácter antidemocrático del Frente Popular. Dicho Frente se compuso, de hecho o de derecho, de agrupaciones marxistas radicales, estalinistas, anarquistas, racistas sabinianas, golpistas republicanas y nacionalistas catalanas, todas ellas ajenas a cualquier programa de libertades políticas.
Asimismo está acreditado que los componentes de dicho Frente, ya antes de haberse constituido este de modo formal, organizaron el asalto a la república en octubre de 1934, con propósito textual de guerra civil, o colaboraron en dicho asalto, fracasando tras dejar 1.400 muertos en 26 provincias. Después, tras las anómalas elecciones de febrero de 1936, demolieron sistemáticamente la legalidad, la separación de poderes y el derecho a la propiedad y a la vida, creando un proceso revolucionario que culminó en el intento de asesinar a los líderes de la oposición y en el asesinato efectivo de uno de ellos. Esa destrucción de la legalidad republicana, y con ella de sus elementos democráticos, hundió las bases de la convivencia nacional y causó la guerra y las consiguientes atrocidades en los dos bandos.
La perversión ética y legal de la llamada Ley de Memoria Histórica se manifiesta en otro agravio intolerable a la sociedad, al presentar en un mismo plano, como "víctimas de la dictadura", a inocentes, cuyo paradigma podría ser Besteiro, y a los sádicos asesinos y ladrones de las checas, cuyo modelo podría ser García Atadell. Con esto la ley denigra a los inocentes y pretende que la sociedad recuerde y venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia. También presenta como campeones de la libertad a los comunistas que en los años 40 intentaron reavivar la guerra civil. Difícilmente cabe concebir injurias mayores a la ética, la memoria y la dignidad de nuestra sociedad actual.
La falsificación del pasado envenena el presente. Con toda evidencia nos hallamos ante un deliberado falseamiento de nuestra historia, agravado por la pretensión de imponerlo por ley, un abuso de poder que recuerda, inevitable y precisamente, a aquel infausto Frente Popular. La sociedad no puede aceptarlo sin envilecerse: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir lo peor de ella.
Firmantes del manifiesto
Pío Moa (historiador), César Alonso de los Ríos (ensayista), Federico Jiménez Losantos (ensayista y periodista), José María Marco (historiador), Adolfo Prego (magistrado del Tribunal Supremo), Milagrosa Romero Samper (historiadora), Pedro Schwartz (catedrático Universidad), José Luis Orella (historiador), Ricardo de la Cierva (historiador), Jesús Palacios (historiador), Juan Carlos Girauta (ensayista), Sebastián Urbina (profesor de Filosofía del Derecho), César Vidal (historiador), Eugenio Togores (historiador), José Vilas Nogueira (catedrático Universidad y escritor), y 7.640 firmas de fascistas más.
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